La flota atunera española es, en muchos sentidos, un ejemplo mundial de cómo se puede pescar bien. Sus más de 50 buques operan en los tres principales océanos bajo los estándares más exigentes del sector, capturan cerca de 600.000 toneladas anuales —el 8% de la pesca mundial de atún— y tienen toda su flota certificada bajo la norma APR, una certificación co-impulsada por OPAGAC que garantiza los derechos laborales de la tripulación según el Convenio 188 de la OIT y acredita las mejores prácticas pesqueras. El problema era que nadie fuera del sector lo sabía, ni le importaba.
Cuando OPAGAC nos llamó, lo primero fue entender el territorio. Nos sumergimos en el ecosistema de certificaciones del sector pesquero, y de otros sectores, estudiamos cómo estaban evolucionando las exigencias de responsabilidad social de los principales distribuidores europeos, analizamos el estado de la opinión pública sobre derechos humanos en la cadena alimentaria y mapeamos el marco normativo que se estaba construyendo en Europa. Hablamos con armadores, fabricantes y distribuidores, desde los que están en el barco hasta los que deciden qué poner en el lineal.
Lo que encontramos fue revelador. La norma APR era sólida en sus criterios y rigurosa en su base científica. Pero carecía del esquema de gobernanza que los grandes actores internacionales exigen para tomar en serio una certificación: estructura propia, apertura a más certificadores, validez internacional. Además, no existía en el mercado ninguna otra certificación consolidada que cubriera la dimensión social del barco: las certificaciones medioambientales más conocidas no abordan las condiciones laborales a bordo, y las auditorías sociales llegan a las fábricas, pero no a las embarcaciones. La APR tenía el contenido. Le faltaba el marco.
Con ese mapa claro, diseñamos los fundamentos del nuevo esquema: una gobernanza propia, abierta a más certificadores y más actores del sector, con vocación de internacionalizarse y alineada con lo que la Directiva Europea de Diligencia Debida (CSDDD) exigirá a las cadenas de suministro. El objetivo era que la APR pudiera ser reconocida y exigida por los grandes distribuidores europeos como herramienta real de cumplimiento, no sólo como un sello de buenas intenciones.
Al mismo tiempo, diseñamos la estrategia de comunicación para que ese valor llegara a quienes tenían que verlo. Tres frentes simultáneos: construir un clima de opinión en el consumidor consciente en torno a los derechos laborales en la pesca; generar relevancia en la distribución europea apelándola desde sus propios compromisos de responsabilidad social; e influir en la administración de la UE para que la norma sea reconocida como herramienta válida en el marco de la Diligencia Debida. Para cada audiencia, un argumentario propio. Para todas, un mismo hilo conductor: en la pesca del atún aún existen abusos laborales graves, y la flota española demuestra cada día que se puede hacer mejor.
Lantern también acompañó a OPAGAC en la selección de la agencia de comunicación que ejecutaría el plan: elaboramos el briefing del concurso, analizamos las propuestas recibidas y apoyamos la decisión final. El resultado fue el lanzamiento de Hands for the Oceans, una campaña de un año con acciones ya en marcha dirigidas al consumidor, a la distribución y a la administración. Lantern acompaña su desarrollo. La flota española siempre pescó bien. Ahora, por fin, empieza a contarse.
